Constreñimiento al sufragante (Art. 387). Es considerada como la utilización de las armas que presionen a los ciudadanos o extranjeros a votar por un candidato determinado, voto en blanco o impidiendo el libre derecho al sufragio. Este delito tiene una pena de tres a seis años, pero puede aumentar en un tercera parte, en el caso de que la acción haya sido realizada por un servidor público.

Fraude al sufragante (Art. 388). Cuando mediante engaño se logra que un ciudadano vote por determinado candidato, se tendrá que pagar de 1 a cuatro años de prisión.

Fraude en inscripción de cédulas (Art. 389). El que por cualquier medio indebido consiga que personas habilitadas para votar inscriban su documento o cédula de ciudadanía en un lugar diferente al que le corresponde, con el objetivo de sacar ventaja deberá pagar de tres a seis años de prisión.

Voto fraudulento (Art 391). El que suplante a un ciudadano, vote más de una vez o deposité su voto de manera fraudulenta, le corresponde como pena de 1 a cuatro años de prisión.

Corrupción de sufragante (Art. 390). Aquella persona que compre votos u ofrezca prevendas a un ciudadano común para favorecer a determinado candidato, vote en blanco o se abstenga de hacerlo; incurrirá en este delito que tiene

una pena de tres a cinco años de prisión y multa de 100 a 500 salarios mínimos. Igualmente la pena también aplicará al votante que haya aceptado dichas condiciones, por lo que se le designarán de 1 a dos años de prisión.

Favorecimiento de voto fraudulento (Art. 392). Se da en el caso en que un servidor público suplanta a un ciudadano, vota más de una vez o no teniendo derecho y por ello se hace merecedor de 1 a cuatro años de prisión.

Alteración de resultados electorales (Art. 394). Cuando una persona por medio distinto a lo que contempla la ley, perturba el resultado de una votación o introduce documentos o tarjetones de manera indebida tendrá que pagar de dos a cinco años de prisión.

Ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédula (Art. 395). El que haga desparecer, posea o retenga cédula de ciudadanía ajena, incurrirá en prisión de 1 a dos años.

Mora en la entrega de resultados electorales (Art. 393). Hace referencia a los documentos relacionados con la votación y que es considerado un delito, porque el servidor público que no haga entrega del registro electoral incurrirá en prisión de 1 a tres años.

Denegación de inscripción (Art. 396). Cuando un servidor público al que le corresponda la inscripción de candidatos o lista de candidatos no cumpla con su deber tendrá que pagar de uno a tres años de prisión.